El flanco municipal resiste al gobierno. Los alcaldes se enfrentan a la controvertida propuesta del Tesoro que les permitirá gastar parte de sus ahorros para amortiguar el golpe de la crisis. El Gobierno negocia contrarreloj con los concejales para que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) apruebe el próximo martes el plan del Tesoro para llevarlo al Consejo de Ministros. Los ayuntamientos del PP y otras partes se oponen a la propuesta, que le permite al Tesoro mantener la mayor parte de sus ahorros para devolverlo en 10 años. A cambio, los municipios podrán gastar 5.000 millones de sus remanentes acumulados en la última década. El ministerio presentó ayer mejoras con las que espera desbloquear el asunto.
La nueva propuesta del Ministerio de Hacienda, a la que EL PAÍS ha tenido acceso, responde a una de las solicitudes de los alcaldes: les garantiza fórmulas para que participen en la distribución de la ayuda millonaria europea del fondo de recuperación aprobado esta semana y del cual España recibirá 140.000 millones de euros. El FEMP aprobó en mayo una propuesta que solicita que el 14% de esta ayuda europea se reserve para entidades locales. Pero la oferta del ministerio no incluye ningún porcentaje de participación. El nuevo documento del Tesoro también contempla la creación de un fondo de transporte, de 275 millones, para ayudar a los alcaldes a cubrir las pérdidas de sus servicios de autobuses urbanos. “Es insuficiente. Pedimos al menos 1,000 millones”, dice Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, del PP. “Es hora de que el ministerio comience a negociar con los alcaldes de todas las partes, para negociar con la junta de portavoces para el FEMP, no solo con los alcaldes que representan al PSOE “, dice Azcón, quien es pesimista.” O el Tesoro comienza a tomar en serio a los ayuntamientos o me resulta difícil el acuerdo “, concluye. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el concejal de Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, Jordí Martí; los gobiernos municipales catalán y gallego rechazan la oferta del ministerio y exigen una nueva negociación.
La nueva oferta del Tesoro no convence a la mayoría de los alcaldes, que han pasado años exigiendo que el Tesoro les permita usar los ahorros que obtienen cada año. Acumulan remanentes por 18,000 millones. Pero tanto la Ley de Estabilidad como la Constitución (artículo 135) evitan que el Gobierno se afloje sin embarcarse en un complicado proceso legislativo. Pero la crisis desatada por la pandemia ha hecho necesario lo deseable.
Para salvar la rigidez de la Ley de Estabilidad, el ministerio ha inventado una solución imaginativa: básicamente consiste en que los Ayuntamientos constituyan un préstamo a favor del Estado por el monto de sus remanentes. Como voluntario, el Ejecutivo estima que la deuda municipal ascendería a alrededor de 15,000 millones. Con esta cantidad, que entregarían al Tesoro, el ministerio obtendrá un ingreso de 5,000 millones entre 2020 y 2021. El resto del préstamo, aproximadamente 13,000 millones, se pagará en 10 años. Al aumentar los ingresos de los ayuntamientos, los alcaldes podrán aumentar sus gastos, que es lo que están exigiendo. Esta fórmula no convence completamente a los alcaldes porque los obliga a asignar ese dinero a la movilidad sostenible (ciclovías), los servicios sociales y la cultura, y no a otras necesidades. También se quejan de que el Tesoro tardará 10 años en devolver el dinero que les pertenece. Y desconfían de que finalmente lo haga. También se quejan de la diferencia en el trato: Pedro Sánchez ha mantenido una única reunión telemática con el FEMP, que sería quincenal, frente a las 14 cumbres con los presidentes regionales durante el estado de alarma.
Voto del FEMP
La incomodidad es tal que la semana pasada ya hubo un intento del FEMP, presidido por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, para aprobar la propuesta del gobierno. Convocó una reunión del gobierno el viernes pasado para que el gobierno apruebe el acuerdo en un decreto real en el Consejo de Ministros el martes pasado. Pero Caballero tuvo que cancelar la votación cuando descubrió que no tenía el apoyo mayoritario de la junta. Este organismo está compuesto por 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP y uno de Ciudadanos, Podemos-IU y Junts. Los socialistas necesitaban obtener al menos un voto más para aprobar el acuerdo con el Ejecutivo. Y no fue así. Los representantes del PP, el de IU-Podemos (el alcalde de Rivas), el de Ciudadanos (Granada) y el de Junts (Canyelles-Barcelona) se opusieron al plan. Los disturbios fueron generalizados, incluidos importantes consejeros del PSOE. Un ejemplo de cuán transversal es el rechazo es que los alcaldes de diferentes signos amenazados con una marcha de protesta hacia Madrid.
Abel Caballero confirmó la preocupación el lunes pasado en una reunión con representantes de las federaciones municipales autónomas. Y así lo transmitió al Gobierno. El Tesoro está negociando contra reloj porque necesita un gran apoyo. El texto se formaliza en un decreto real que tiene que pasar el proceso del Congreso, donde el apoyo tampoco está asegurado. Entonces su propuesta ha mejorado. La FEMP convocó a una nueva reunión del gobierno el próximo martes, buscando obtener un amplio apoyo de los alcaldes para el nuevo texto. Pero si no hay mejoras, no parece que sea aprobado por una gran mayoría, lo que podría romper la unanimidad con la que este organismo ha actuado en los últimos 40 años.
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