El exministro de Asuntos Exteriores de España defendió la decisión de aceptar tratamiento por COVID-19 por parte del líder del Frente Polisario.

Arancha González Laya está bajo investigación por admitir al líder del Sáhara Occidental Brahim Gali en España en abril.

El exministro dijo a la prensa el lunes que era “legal” que Gali entrara en España.

González Raya había declarado anteriormente personalmente sobre el asunto ante un juez en Zaragoza, lo que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

“En mi opinión, esta entrada se realizó de acuerdo con la ley”, dijo. “Espero que el juez llegue pronto a la misma conclusión”.

Gali llegó a una base aérea en Zaragoza, España, el 16 de abril en un avión médico procedente de Argelia. Posteriormente, fue trasladado a un hospital de Logroño para recibir tratamiento por el coronavirus en estado crítico.

El líder saharaui que apoya la independencia es el enemigo mortal de Rabat, y Rabat afirma tener soberanía sobre la ex colonia española del Sáhara Occidental.

Su entrada en España enfureció a Marruecos, y más de 10.000 inmigrantes entraron rápidamente en el enclave español de Ceuta tras la desregulación de las autoridades marroquíes.

Luego de que la jefa de gabinete de González Laya (también bajo investigación) admitiera que había recibido instrucciones del exministro para facilitar el ingreso de Gali con “máxima discreción”, fue detenida Citada para interrogatorio.

El juez de Zaragoza escuchó que la divulgación pública de la entrada de Gali en España puede “dañar” las relaciones internacionales de España.

La investigación está examinando si las autoridades españolas permiten que Gali ingrese al espacio Schengen sin documentos ni controles fronterizos.

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Marruecos afirmó que Gali entró en España “fraudulentamente” con “identidad falsa”, pero España negó estas acusaciones.

Los jueces de Zaragoza buscarán cualquier indicio de presunta falsificación, prevaricación y encubrimiento por parte de altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

González Laya dejó su puesto en el gabinete español tras una reorganización en julio.

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional española también se negó a procesar a Gali por genocidio sobre la base de procedimientos legales el lunes.