Las empresas de ingeniería están en vías de guerra contra el Ministerio de Obras Públicas por el trato privilegiado que le da a Ineco, una empresa pública controlada por Renfe, Adif y Enaire, a la que acusan de competencia desleal. No todas ellas (175 pequeñas y medianas empresas en comparación con un total que supera las 3.000, según fuentes de la industria), pero las que han estado luchando durante años se han incendiado en 2018, coincidiendo con la llegada de la Administración socialista.

Después de las amenazas y la reunión con el Secretario de Estado de Infraestructura, Pedro Saura, el 26 de octubre del año pasado, a principios de 2019, siete asociaciones presentaron una queja contra el Desarrollo ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), cuya respuesta fueron todavía están esperando La denuncia busca “detener el abuso de órdenes por parte del Ministerio de Desarrollo a su empresa pública”. Como van a tener cinco meses de edad, ahora amenazan con llevar el asunto a los organismos comunitarios y denunciar el ministerio de ayuda estatal.

A pesar de que las siete asociaciones (andaluza, catalana, gallega, castellano-leonesa, extremeña, valenciana y aragonesa) presentaron una opinión legal basada en la nueva ley de contratos estatales, parece que no tienen muchas esperanzas de que el organismo regulador irá a pronunciarse a favor de sus tesis. Más bien, por el contrario, ya que no está muy claro que sea responsabilidad de la CNMC. Este organismo ha solicitado información adicional. Algo similar ya ha sucedido en cuestiones como Easypark, un asunto en el que concluyó que el Ayuntamiento de Madrid no habría ejercido una competencia desleal en la adjudicación del cargo por el área de estacionamiento regulada por la aplicación. En otras palabras, la ruta tendría que ser la del Tribunal de Contratación Pública.

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La queja de las compañías de ingeniería es principalmente que Ineco continúa recibiendo comisiones de gestión de desarrollo con tasas que en muchos casos son más altas que los costos del mercado, lo que les permite competir a la baja en otras licitaciones en el mercado nacional y europeo. Los reclamantes defienden que la entidad actúa fuera de los límites de la Ley de Contratos del Sector Público.

En su opinión, Fomento abusa continuamente de la llamada comisión de gestión (adjudicación directa sin competencia), a la que se confía Ineco, a pesar de ser acciones que no cumplen con los requisitos de emergencia, urgencia y seguridad nacional que se requieren para ello. Esta situación hace que Ineco (como sucede con otras empresas públicas como Tragsa e Isdefe) ejerza una competencia desleal contra las empresas privadas que se consideran perfectamente capaces de llevar a cabo dicho trabajo.

Según las asociaciones, las parcelas de gestión se cuentan cada vez más, superando las 30 por año en obras viales, aeropuertos y proyectos para las estaciones de Renfe. En muchos de estos casos, se les otorga para llevar a cabo tareas que están fuera de su propósito corporativo, se cortan e incluso subastan ciertas obras encargadas, lo que al final provoca numerosos excesos de costos y modificaciones de las obras, denuncian.

“Queremos que dejen de encargar trabajos a Ineco y, al mismo tiempo, advertimos que el proceso de internacionalización implica la reducción drástica del mercado nacional, que es el de las PYME”, argumenta Ignacio Sánchez Mato, presidente de la asociación andaluza y portavoz establecido de los siete denunciantes. Ante esto, exigen que se detengan, así como que los sistemas de contratación se actualicen y que los recursos se asignen al mantenimiento de la infraestructura. Para ellos, esta cifra representa un ataque contra la libre competencia y su violación puede conllevar sanciones de hasta 10 millones de euros, así como la parálisis de la relación contractual con Fomento.

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La solución, en su opinión, implica la privatización de la empresa estatal, algo que se exigió en 2015. Además, otras vías consideradas podrían incluir reducir el tamaño y dedicar la empresa a lo que realmente se creó para cuando no había tantas empresas de ingeniería o enfocarse en el extranjero para no competir en el mercado nacional. Esta idea ya fue reclamada por Fomento por el Forum for Engineering Excellence (Fidex), que reúne a las principales empresas de ingeniería.