El Tribunal Supremo ha emitido su opinión sobre una posible ley de amnistía que beneficiaría a Carles Puigdemont y otros involucrados en el proceso catalán. Según el tribunal, esta ley abriría un boquete irreparable en el Estado de Derecho y legitimaría el intento de secesión del 1-O.
El inicio del Año Judicial ha estado marcado por la preocupación debido al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la crítica situación en el Tribunal Supremo, lo que ha generado un desánimo generalizado entre los jueces.
Existe una gran preocupación por la aprobación de una ley de amnistía exigida por Puigdemont, ya que esto atentaría contra el principio de separación de poderes y vulneraría el principio de igualdad entre todos los españoles.
Para muchos, la posible amnistía es considerada como una aberración y una ley de impunidad, que además sería una bofetada al Tribunal Supremo y reconocería que la actuación del Estado durante el 1-O fue injusta.
También se alerta sobre el hecho de que, una vez que se avale la constitucionalidad de la ley, los siguientes en beneficiarse de la amnistía podrían ser los etarras.
Existe un debate jurídico sobre la constitucionalidad de esta medida, ya que si bien los indultos generales están prohibidos en la Constitución, no se menciona explícitamente la amnistía.
En caso de aprobarse esta ley, el Tribunal Supremo deberá ejecutarla, pero se podrían presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, y hay consenso en que será difícil redactar una ley de amnistía que borre completamente el proceso catalán.
