El partido político PP propone la creación de un nuevo delito de “deslealtad constitucional” que permitiría la disolución de partidos políticos bajo circunstancias específicas, como instrumentalizar al partido para lograr la independencia de una parte del territorio o convocar un referéndum. Esta propuesta ha sido criticada por juristas, quienes señalan que debería presentarse como una iniciativa legislativa en lugar de una enmienda a la totalidad.

La viabilidad de este nuevo delito ha sido cuestionada, ya que se debate si pasaría el control de garantías tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También se ha planteado la duda de si un partido político, como persona jurídica, puede ser disuelto por vía judicial sin seguir el procedimiento establecido por la ley de Partidos Políticos.

Mientras algunos juristas argumentan que si un partido es condenado por delitos, podría ser disuelto si se demuestra que es una tapadera para cometerlos, otros señalan que exigir responsabilidad penal a los partidos políticos puede llevar a la judicialización de la vida política.

En medio de este debate, se discute si la disolución de los partidos políticos debe ser regulada de manera más específica debido a las consecuencias que esto podría tener en el sistema democrático y en el sufragio activo.

Además, se ha destacado que el planteamiento del PP no considera las dificultades para imputar a un partido político las acciones de sus dirigentes como miembros de un gobierno autonómico.

Por último, se cuestiona la proporcionalidad y viabilidad de la propuesta del PP, ya que existen dudas sobre su aplicación práctica y sus consecuencias en la vida política.