El juez Joaquín Aguirre ha abierto un nuevo ‘agujero’ en la Ley de Amnistía al prorrogar la causa del caso Volhov por seis meses e insinuar una posible imputación de Carles Puigdemont por traición. El magistrado ha señalado que existen indicios que conectan al expresidente catalán con altas esferas de poder en Rusia, dentro de la investigación de los nexos de la Generalitat con dicho país.

El partido Junts considera que este auto revela un posible delito de traición atribuido a Puigdemont y pretende que este delito sea incluido en la Ley de Amnistía. De hecho, actualmente hay negociaciones en curso entre el PSOE y Junts sobre esta cuestión.

Además, el caso Tsunami Democràtic también involucra a Puigdemont en un posible delito de terrorismo, según ha señalado el juez Aguirre en su auto. Ante estas acusaciones, Junts ha denunciado que la cúpula judicial del Estado está llevando a cabo una persecución política y considera que las últimas decisiones del juez Aguirre limitan la efectividad de la Ley de Amnistía.

En su auto, el juez también ha insinuado imputaciones adicionales a Puigdemont, al abogado Gonzalo Boye y al entonces director de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay. Según Aguirre, Boye y Alay habrían viajado a Moscú para reunirse con altos cargos del Kremlin y líderes de la mafia rusa, con el objetivo de impulsar una operación para desestabilizar la democracia y la Unión Europea.

Estos indicios apuntan a que los vínculos con Rusia existían antes y después de octubre de 2017, lo que implica la participación de Puigdemont. Cabe destacar que el artículo 583 del Código Penal contempla castigos por traición.

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En este sentido, se ha confirmado que Puigdemont se reunió con ciudadanos rusos antes de la declaración unilateral de independencia, en un encuentro en el que se ofreció apoyo financiero y militar a cambio de una Cataluña independiente como “una Suiza de las criptomonedas”.

Estas revelaciones han generado un gran revuelo en el ámbito político y judicial, y han generado tensiones entre los partidos. Sin duda, será necesario seguir de cerca los avances de este caso, que podría tener importantes implicaciones para el futuro político de Cataluña y España en su conjunto.