Volkswagen y su fraude de motores artificiosos reemplazaron por primera vez a los operadores móviles como foco de las quejas de los consumidores durante el primer semestre de 2016. La organización Facua detalló esta mañana cómo unos 5.000 usuarios afectados se han quejado ante el Tribunal Nacional contra el grupo de automóviles por instalar una software que falsifica sus emisiones. El sector de vehículos representa el 34% de las reclamaciones, mientras que las compañías de telecomunicaciones, entre las que destaca Movistar Fusión, acumulan el 21% y las bancarias el 9%, de un total de 6,405 reclamaciones a las que se han agregado 23,048 consultas de consumidores en los últimos seis meses.

“La campaña contra el grupo Volkswagen reunió a 42,000 personas en 2015 para pedirle al Primer Ministro y a las comunidades autónomas que abran procedimientos disciplinarios, pero no hay contundencia y es por eso que lo estamos procesando y ahora somos un proceso privado en el National Corte “, anunció. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez. “Si los estadounidenses tienen derecho a una compensación, ¿por qué no deberían tenerla los españoles? “Agregó Sánchez. De esas 42,000 personas, 5,000 afectadas han presentado su documentación al juez Ismael Moreno, quien está investigando a la empresa matriz alemana por fraude, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.

Tras el fraude de Volkswagen, entre las 6.405 reclamaciones presentadas por Facua, las dirigidas contra Movistar destacan por sus tres aumentos de precios en sus tarifas para Movistar Fusión —que suman 13 euros al mes—, a pesar de que en 2012 la multinacional se comprometió para mantener sus precios “para siempre” a sus cuatro millones de usuarios. Más de 4.000 personas se han unido a la queja, según la organización de consumidores, que recuerda que Telefónica los amenazó con una queja por solo mencionar públicamente el nombre de Movistar Fusión.

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¿Qué causa que el abuso se repita año tras año? “Las administraciones son amigas y trabajan para reducir los derechos de los consumidores y favorecer a las grandes empresas. Es por eso que una empresa se lanza al mercado con una oferta para mantener una tasa y aumentarla tres veces. En otro país sería diferente”, dice Sánchez. . “Además, la cultura de la queja no está implantada y de los 700,000 afectados por Volkswagen, solo el 10% puede haber afirmado”, calcula.

Facua atribuye a las Administraciones una gran permisividad y “pasividad” con las grandes multinacionales y una baja defensa de los consumidores. “No hay recursos para detectar el fraude de las grandes empresas. Las multas son secretas y cuando existen, el monto promedio de las multas es de poco más de 600 euros (…) No es un incentivo, sino una invitación a perpetuar la infracción “Cuanto más nos roban, menos nos multan. España no tiene una política de protección al consumidor”.

Facua culpa a las Administraciones y sus leyes de consumo por aplicar un marco sancionador que se remonta a los años 80. “Andalucía lo reformó en 2003, pero a la baja. Las Administraciones nunca han cuantificado a los defraudados para calcular la incautación y multiplicarla. Pone un impuesto sobre el fraude que es insultante. Les pedimos que aumenten las multas y se atrevan a aplicar la confiscación”, insiste. Sánchez

Las demandas contra el sector automotriz, de telecomunicaciones y bancario son seguidas por empresas de suministro de agua (4,6%), proveedores de energía (3,8%) y aseguradoras (3,5%).