El presidente de la FEMP y alcalde de VIgo, Abel Caballero, en su despacho.
El presidente de la FEMP y alcalde de VIgo, Abel Caballero, en su despacho.OSCAR CORRAL / EL PAÍS

El plan de reconstrucción europea está en curso, aunque con dificultades era previsible. Alemania lidera el plan y eso aumenta las posibilidades de éxito. Ahora el problema es encajar las piezas del rompecabezas para evitar los vetos de los países, la mayor dificultad siempre en los proyectos europeos.

Para España, el plan será clave en los próximos años, como lo fueron los fondos estructurales y de cohesión en los años noventa. España fue el país que recibió más fondos, debido al tamaño de la población y al bajo nivel de ingresos por habitante, pero también debido a la eficiencia en la aprobación y ejecución de proyectos.

Esos fondos estaban destinados al desarrollo de infraestructura y concreto. España tuvo un atraso crónico de infraestructura con Europa durante el régimen de Franco y gracias a esos fondos europeos y la buena gestión de nuestro país se cerró esa brecha.

Él Acuerdo verde Realmente es un plan de política industrial y tecnológica diseñado antes de la pandemia y la crisis. Europa reconoce la superioridad tecnológica de China en sostenibilidad y digitalización, y diseña inversiones público-privadas para cerrar esa brecha. La crisis económica causada por la pandemia lo hace aún más necesario ya que, además de la industria y la tecnología, el plan creará mucho empleo. En la Cátedra Orfin de la Universidad de Alcalá, estimamos que en España el plan podría crear más de 200,000 empleos por año en los próximos cuatro años.

La clave para el desarrollo de la infraestructura fue la participación del gobierno central y las comunidades autónomas. Ahora ambos están inmersos en una grave crisis fiscal, algunos debido al déficit del sistema de pensiones y el otro debido al crecimiento del gasto en salud. Ambas causadas por el proceso de envejecimiento de la población.

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El mayor polo de atracción de inversiones en el mundo en la próxima década serán las ciudades. Y se centrarán en soluciones de sostenibilidad, movilidad y digitalización, lo mismo que el Acuerdo verde. La regla de gasto de los ayuntamientos fue excesivamente restrictiva en los últimos cinco años, pero gracias a ello ahora han limpiado sus cuentas y han reducido la deuda neta a sus mínimos históricos.

La Federación de Municipios debería coordinar los ayuntamientos y los consejos de condado, clave para las áreas despobladas, y crear una oficina de proyectos que pueda recibir los nuevos fondos europeos. Deben dialogar directamente con la Oficina de Representación Permanente en Bruselas y con la Comisión Europea.

Además, sería necesario revisar la nueva nueva ley de contratos públicos. La ley fue aprobada en medio de la pandemia de corrupción que siguió a la burbuja inmobiliaria y supone que todos los políticos y funcionarios públicos son corruptos. El resultado es una burocracia paralizante que, si no se cambia con urgencia, limitará significativamente el desarrollo de proyectos con fondos europeos que serán limitados en el tiempo. La burocracia no permitirá la ejecución rápida de proyectos a partir de enero del próximo año y reducirá la tasa inmoral de desempleo que España tendrá una vez más, especialmente entre nuestros jóvenes.