MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Un tribunal de Burundi condenó a tres personas a 30 años de prisión por intentar un “ataque” contra el presidente del país, Evariste Ndayishimiye, al lapidar su convoy cuando pasaba por la ciudad de Kayanza la semana pasada.

Los condenados son Augustin Manirishura y Chadia Bagirimana, que trabajan en una gasolinera de la ciudad, y Chrisophe Ndayishimiye, mecánico, tras ser condenado por arrojar piedras al automóvil del presidente.

Fuentes locales citadas por SOS Medias Burundi han indicado que el mandatario estuvo en la comuna de Matongo el 5 de agosto durante la toma de posesión del nuevo gobernador de la provincia de Kayanza, tras lo cual se trasladó a la localidad homónima.

Al pasar por la gasolinera, varias personas arrojaron piedras al convoy, hecho que no dejó víctimas y que motivó la detención de cinco personas, dos de las cuales fueron liberadas posteriormente.

Los otros tres detenidos fueron acusados ​​por la Fiscalía de “alterar la seguridad pública” y “agredir a agentes de seguridad del jefe de Estado y su guardaespaldas”, por lo que solicitó siete años de prisión en su contra, aunque el tribunal ha considerado que fue un “atentado contra el jefe de Estado” y los ha condenado a 30 años de prisión.

Ndayishimiye prestó juramento en junio tras la repentina muerte del entonces presidente, Pierre Nkurunziza, quien tuvo que ceder el testigo a su ‘delfín’ el 20 de agosto, tras la victoria electoral del ahora presidente.

Las elecciones estuvieron marcadas por un repunte de la violencia y los temores de que el país se viera arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió postularse para un tercer mandato, a pesar de que la oposición alegaba que esto violó el acuerdo de paz que puso fin al régimen civil. guerra (1993-2005).

READ  Los científicos utilizan la inteligencia artificial para detectar la discapacidad visual de forma temprana a través de un teléfono inteligente

También se llevaron a cabo en medio de la pandemia de coronavirus y menos de una semana después de que el Gobierno expulsara del país al jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a otros tres miembros de la misma, sin ofrecer ningún motivo que lo justifique. su decisión.